Menos horas, mismos derechos: Luz verde a la jornada de 37,5 horas
Este martes 6 de mayo de 2025, el Consejo de Ministros ha dado un paso decisivo hacia la transformación del mercado laboral español con la aprobación del proyecto de ley que propone reducir la jornada máxima legal de trabajo a 37,5 horas semanales. Esta propuesta, que ahora pasa al Congreso de los Diputados para su debate y votación, promete cambios significativos en la organización del tiempo de trabajo sin afectar los salarios.
Un nuevo marco laboral: menos horas, mismos derechos
Según lo anunciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES), la futura norma contempla una reducción de las actuales 40 horas semanales a 37,5, sin que ello implique pérdida de poder adquisitivo para las personas trabajadoras.
Uno de los pilares clave de este proyecto es la implantación de un sistema digital obligatorio para el registro de jornada. Este sistema deberá ser accesible, fiable y permitir a la Inspección de Trabajo realizar controles en remoto, eliminando el uso del formato en papel y fortaleciendo el cumplimiento normativo.
Además, la ley refuerza de forma explícita el derecho a la desconexión digital. Con esta medida, se busca impedir que se exija disponibilidad fuera del horario pactado, protegiendo así el descanso y la vida privada de las plantillas.

Endurecimiento de sanciones y adaptación progresiva
Las empresas que incumplan con el nuevo marco de jornada y registro horario se enfrentarán a sanciones más severas. Las multas podrían alcanzar hasta los 10.000 euros por persona trabajadora afectada.
El Gobierno ha previsto un periodo transitorio de implementación que finalizará el 31 de diciembre de 2025. Durante este plazo, las empresas con convenios que superen las 37,5 horas deberán adaptar sus condiciones laborales a la nueva legalidad.
Reacciones encontradas: apoyo sindical y rechazo empresarial
El proyecto cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales, que celebran este avance como un paso hacia la mejora de la conciliación laboral y la salud en el trabajo. Por su parte, las principales asociaciones empresariales, como CEOE y CEPYME, han mostrado su rechazo, alegando que la medida podría suponer una sobrecarga para las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio.
Incluso con la propuesta de ayudas de hasta 6.000 euros para pymes, la patronal ha optado por desmarcarse del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos.
En el plano político, la medida también genera división. Formaciones como Junts han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad, considerando la reforma como perjudicial para los autónomos y las pymes. El Partido Popular, por su parte, ha manifestado su oposición frontal, argumentando que esta reducción horaria podría desestabilizar aún más a un tejido empresarial que aún arrastra secuelas de crisis recientes.
Vigilancia privada y jornada reducida: una oportunidad que debe protegerse
Desde la Unión de Vigilantes, consideramos que esta reforma debe ser una oportunidad para dignificar aún más nuestra profesión. La reducción de la jornada, si se implementa con garantías, puede contribuir a mejorar la salud física y mental de los vigilantes, cuya labor muchas veces se realiza en condiciones exigentes y con jornadas prolongadas.
Estaremos atentos al desarrollo del trámite parlamentario y a cómo se concretan estas medidas en nuestro sector. Porque cuidar de quienes cuidan también es un deber de justicia laboral.